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| El Gobernador Gustavo Bordet y la Ministra Rosario Romero |
Este viernes con la firma del gobernador Bordet, el Poder Ejecutivo de Entre Ríos envió al Senado el proyecto de Ley de Juicio por Jurados. El proyecto incorpora los aspectos fundamentales de las mejores leyes aprobadas en nuestro país: 12 ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales, bajo las instrucciones legales de un juez, que decidirán por unanimidad si el acusado es culpable o no culpable. El envío se produjo tras una reunión con la Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero. La propuesta cuenta con amplios consensos en la Legislatura y se espera por su pronta aprobación.
Según el comunicado oficial, «el proyecto fue remitido este viernes y tuvo una elaboración conjunta de equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Justicia, encabezada por la ministra Rosario Romero, contando con los valiosos aportes y propuestas de la AAJJ (Asociación Argentina de Juicio por Jurados) y del INECIP, (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), instituciones pioneras en la implementación de juicio por jurados en Argentina y América Latina. Además, fueron actores claves en el presente proyecto de ley, las contribuciones realizadas por parte del Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos».
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| Gobernador Gustavo Bordet |
En el mes de junio, Paraná había sido sede de las Jornadas “Juicio por Jurados, la concreción de un mandato constitucional”, organizadas por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi”, del Superior Tribunal de Justicia en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia. Los resultados de la actividad fueron cruciales tanto para que el tema haya tomado relevancia en la agenda pública, como para que se lograran los consensos en la necesidad de su aplicación en el territorio entrerriano.
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| Jornadas realizadas en junio en Paraná |
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| Ministra Rosario Romero |
El servicio de jurado es una carga pública que podría ser ejercida por cualquier ciudadano argentino o naturalizado, de entre 18 y 75 años, que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos y se domicilie en la jurisdicción correspondiente al lugar del hecho.
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